La Fiscalía Anticorrupción de Durango puso en marcha este día el Programa de Prevención de Posibles Actos de Corrupción Relacionados con la Emergencia Sanitaria COVID-19, para lo cual pondrá a disposición de las instituciones públicas estatales y municipales una guía de acciones sugeridas que permitan transparentar la información crítica para la atención de la contingencia.

Acompañado de Gonzalo Salas Chacón, presidente del Sistema Local Anticorrupción, el Fiscal Especializado Héctor García Rodríguez señaló que este programa anticorrupción de carácter preventivo obedece a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han dispuesto la aplicación de acciones y de presupuestos extraordinarios para atender la emergencia sanitaria, con la adquisición de equipamiento, tecnología e insumos médicos, así como apoyos a la población en general.

Estas medidas de excepción incluyen restricciones a la movilidad social, la reorientación del gasto público y la adquisición y contratación de bienes y servicios sin necesidad de llevar a cabo procedimientos de licitación pública y, en algunos casos, sin efectuar los trámites administrativos previstos en la ley; lo cual constituye un escenario de riesgos asociados a actos y/o hechos de corrupción.

La Fiscalía Anticorrupción de Durango puso en marcha este día el Programa de Prevención de Posibles Actos de Corrupción Relacionados con la Emergencia Sanitaria COVID-19, para lo cual pondrá a disposición de las instituciones públicas estatales y municipales una guía de acciones sugeridas que permitan transparentar la información crítica para la atención de la contingencia.

Acompañado de Gonzalo Salas Chacón, presidente del Sistema Local Anticorrupción, el Fiscal Especializado Héctor García Rodríguez señaló que este programa anticorrupción de carácter preventivo obedece a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han dispuesto la aplicación de acciones y de presupuestos extraordinarios para atender la emergencia sanitaria, con la adquisición de equipamiento, tecnología e insumos médicos, así como apoyos a la población en general.

Estas medidas de excepción incluyen restricciones a la movilidad social, la reorientación del gasto público y la adquisición y contratación de bienes y servicios sin necesidad de llevar a cabo procedimientos de licitación pública y, en algunos casos, sin efectuar los trámites administrativos previstos en la ley; lo cual constituye un escenario de riesgos asociados a actos y/o hechos de corrupción.

El objetivo es priorizar la vida y la salud de la población, por ello es importante establecer un sistema de vigilancia a cargo del Sistema Local Anticorrupción para que los duranguenses tengan certeza del uso de recursos públicos adecuado, transparente y con respeto a los derechos humanos; sin que ello signifique limitar las capacidades del Estado para actuar con oportunidad y eficacia.

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